El Perú ingresa a la recta decisiva de la segunda vuelta presidencial en medio de un escenario marcado por la paridad electoral y una profunda desconfianza ciudadana. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, difundida por La República, Roberto Sánchez obtendría el 32% de los votos frente al 31% de Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta programada para el 7 de junio de 2026.

El estudio evidencia un empate técnico que refleja no solo la competencia entre ambas candidaturas, sino también la fragmentación del electorado. Un 24% de los encuestados optaría por votar en blanco o nulo, mientras que un 13% aún no define su decisión, lo que configura un amplio margen de incertidumbre de cara al proceso electoral.

En términos territoriales, Sánchez concentra su respaldo en el Perú rural y en las regiones del sur y centro del país, mientras que Fujimori mantiene su fortaleza en Lima Metropolitana y sectores urbanos. Esta distribución revela una persistente brecha geográfica y social en las preferencias políticas, expresión de las distintas realidades que coexisten en el país.

Asimismo, el informe muestra diferencias en la composición del electorado: Sánchez registra mayor apoyo en sectores socioeconómicos D y E y en votantes que se identifican con posiciones de izquierda, mientras que Fujimori concentra respaldo en sectores A/B y en electores de orientación de derecha.

Más allá de la contienda electoral, el dato que marca el pulso institucional del país es que el 47% de los ciudadanos considera que el próximo presidente no culminará su mandato. Esta percepción refleja un nivel crítico de desconfianza en la estabilidad del sistema político.

En la misma línea, el 61% desaprueba la gestión del presidente José María Balcázar, mientras que el Congreso registra un 90% de desaprobación, consolidando un escenario de cuestionamiento generalizado a las instituciones del Estado.

Desde una lectura académica, este contexto puede interpretarse como una tensión entre legalidad y legitimidad en los términos planteados por Max Weber, donde la autoridad formal no necesariamente se traduce en reconocimiento social efectivo. A su vez, la marcada segmentación del voto responde a desigualdades estructurales que, como advierte Amartya Sen, condicionan las capacidades reales de los ciudadanos y su relación con el Estado.

En este escenario, la elección no solo definirá un nuevo gobierno, sino que pondrá a prueba la capacidad del sistema democrático peruano para reconstruir confianza, cohesión social y legitimidad política.

El desafío es mayor: no se trata únicamente de ganar una elección, sino de gobernar un país diverso, fragmentado y demandante de respuestas estructurales. En ello reside, hoy más que nunca, el verdadero sentido de la responsabilidad republicana.