Por: Mag. Harry Peralta

Análisis Político y Estrategia de Estado

El Perú está viviendo una de las etapas más delicadas de su historia reciente en materia de seguridad. La delincuencia ya no se presenta solamente como una suma de delitos individuales. Extorsión, sicariato, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, lavado de activos, corrupción y tráfico de armas comienzan a conformar un ecosistema criminal que atraviesa territorios, actividades económicas e instituciones.

La sensación de inseguridad que experimentan millones de peruanos tiene una causa concreta: el Estado está llegando tarde.

La delincuencia se mueve más rápido que la burocracia. Se comunica más rápido que las instituciones. Lava dinero con mayor velocidad de la que las investigaciones tradicionales consiguen rastrearlo. Utiliza tecnologías digitales, estructuras empresariales, redes sociales, teléfonos, vehículos, cuentas bancarias y territorios fronterizos para ampliar su capacidad de acción.

Por eso, la respuesta peruana no puede limitarse a incrementar patrullajes o anunciar nuevas penas. Necesitamos cambiar la naturaleza de la guerra contra el crimen organizado. Y la incorporación del Perú al Escudo de las Américas abre una oportunidad que el Estado peruano no debería desperdiciar.

La presidente Keiko Fujimori anunció este 10 de septiembre la incorporación del Perú a esta coalición impulsada por Estados Unidos para combatir a las organizaciones criminales transnacionales. El objetivo declarado incluye acelerar el intercambio de inteligencia y fortalecer las acciones coordinadas contra estas estructuras.

Esta decisión debe ser comprendida desde una perspectiva estratégica. No se trata de entregar nuestra soberanía. Se trata de utilizar inteligentemente las capacidades de nuestros aliados para fortalecer la soberanía peruana.

I. El Escudo de las Américas debe convertirse en un escudo para el Perú

Durante demasiado tiempo, el Perú ha enfrentado organizaciones criminales que operan internacionalmente con instituciones que muchas veces trabajan de manera fragmentada dentro de nuestras propias fronteras.

El delincuente cruza una frontera. El dinero cruza una frontera. Una llamada cruza una frontera. Una transferencia financiera cruza una frontera. Una organización criminal puede tener un operador en Lima, un contacto en Ecuador, proveedores en Colombia, dinero en una cuenta extranjera y conexiones con redes internacionales. La investigación estatal, en cambio, puede quedar atrapada entre competencias institucionales. Ese desequilibrio debe terminar.

El Escudo de las Américas debe ser utilizado como una plataforma de cooperación para que el Perú tenga acceso a capacidades que nuestros propios recursos todavía no permiten desarrollar a la velocidad necesaria: intercambio de inteligencia, cooperación investigativa, capacitación especializada, capacidades tecnológicas, análisis de información y coordinación internacional.

Estados Unidos posee agencias federales con décadas de experiencia en investigación criminal, narcotráfico, inteligencia financiera, análisis de redes, cibercrimen y persecución de organizaciones transnacionales. La cooperación con organismos como el FBI, la DEA, Homeland Security Investigations y otras agencias estadounidenses, dentro de los instrumentos jurídicos correspondientes, puede convertirse en un multiplicador de las capacidades peruanas.

Pero debemos tener claridad sobre el objetivo. No necesitamos que Estados Unidos venga a gobernar el Perú. Necesitamos que el Perú aprenda, coopere y utilice las capacidades disponibles para que sus propias instituciones puedan gobernar mejor. La cooperación internacional debe tener una condición fundamental: tecnología extranjera, cooperación internacional y capacidades globales al servicio de la soberanía peruana.

II. El crimen organizado no es una lista de delincuentes: es una red

Aquí aparece uno de los principales cambios doctrinarios que necesita el Perú. Todavía pensamos demasiado en términos de personas: ¿quién disparó?, ¿quién extorsionó?, ¿quién cobró?, ¿quién transportó?, ¿quién asesinó? Todas esas preguntas son necesarias, pero no son suficientes.

La pregunta estratégica es otra: ¿cómo está organizada la red que hace posible que todos ellos actúen? Una organización criminal puede perder cinco sicarios y continuar funcionando. Puede perder diez cobradores y reemplazarlos. Puede perder un jefe local y generar otro. Pero si el Estado consigue identificar y desarticular simultáneamente sus nodos financieros, logísticos, comunicacionales, territoriales y de mando, la organización pierde capacidad para reproducirse.

Esto es precisamente lo que permite el Análisis de Redes Complejas. La organización criminal deja de ser observada como una colección de individuos y comienza a ser comprendida como un sistema.

Personas.
Empresas.
Teléfonos.
Cuentas.
Vehículos.
Inmuebles.
Direcciones.
Rutas.
Comunicaciones.
Transacciones.
Relaciones.

Todos esos elementos pueden formar una red. El trabajo de inteligencia consiste en encontrar las conexiones que normalmente permanecen invisibles.

III. Ciberinteligencia: ver lo que el crimen intenta ocultar

La delincuencia organizada ya entendió el poder de la tecnología. El Estado peruano también debe entenderlo. Las organizaciones criminales utilizan el entorno digital para comunicarse, reclutar, intimidar, coordinar, mover recursos y construir redes. La respuesta no puede ser simplemente bloquear páginas o perseguir cuentas individuales.

El Estado necesita desarrollar una verdadera capacidad de ciberinteligencia criminal. Esto significa integrar, bajo los controles constitucionales y legales correspondientes: OSINT, inteligencia financiera, análisis geoespacial, análisis de comunicaciones autorizado, inteligencia criminal, análisis de redes e inteligencia penitenciaria.

El objetivo es construir una imagen dinámica de la organización. ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién mueve dinero? ¿Qué empresas aparecen repetidamente? ¿Qué vehículos se repiten? ¿Qué personas aparecen vinculadas a diferentes investigaciones? ¿Qué territorios concentran determinadas actividades? ¿Qué relaciones aparecen entre organizaciones aparentemente independientes? ¿Qué cambios preceden a un incremento de violencia?

La inteligencia moderna no consiste solamente en acumular información. Consiste en encontrar patrones dentro de millones de datos.

IV. La inteligencia artificial puede convertir datos en anticipación

Aquí el Perú tiene una oportunidad histórica. La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de apoyo para que las instituciones analicen volúmenes de información que ningún equipo humano podría procesar por sí solo.

Un sistema nacional de inteligencia criminal podría detectar patrones, relaciones y anomalías. Podría ayudar a construir mapas de organizaciones. Podría identificar conexiones entre investigaciones aparentemente independientes. Podría detectar patrones financieros, cruzar variables geográficas y temporales, generar alertas para los investigadores y ayudar a construir escenarios de riesgo.

Pero hay una frontera que debemos preservar: la inteligencia artificial debe ayudar a investigar; no debe convertirse en juez. El algoritmo puede encontrar una conexión. El investigador debe comprobarla. El fiscal debe valorarla jurídicamente. El juez debe decidir conforme a la ley. Así se construye un Estado inteligente sin convertirlo en un Estado arbitrario.

V. La Doctrina Falcone: seguir el dinero hasta llegar al poder criminal

Italia nos dejó una de las mayores lecciones de la lucha contra la criminalidad organizada. Giovanni Falcone comprendió que la mafia no podía ser derrotada persiguiendo únicamente a quienes ejecutaban sus órdenes: había que comprender su estructura económica. El dinero permitía comprar armas, corromper funcionarios, adquirir propiedades, crear empresas y penetrar la economía legal.

Por eso, una estrategia moderna contra el crimen organizado debe incorporar la lógica de "seguir el dinero". El objetivo debe ser reconstruir la cadena: delito → recaudación → intermediación → lavado → inversión → patrimonio → poder. Cuando el Estado consigue interrumpir esa cadena, no solamente captura delincuentes: destruye la capacidad de reproducción de la organización.

Italia también desarrolló herramientas institucionales extraordinarias para sostener esa doctrina en el tiempo. La creación de la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) concentró la investigación patrimonial en un solo organismo especializado, y tras los asesinatos de Falcone y Borsellino en 1992, la respuesta italiana evolucionó hacia una arquitectura institucional mucho más sofisticada contra la mafia.

El Perú debe estudiar esa experiencia sin copiarla mecánicamente. Nuestra realidad es distinta, pero el principio es universal: una organización criminal se derrota atacando simultáneamente su capacidad de mando, dinero, logística y corrupción.

VI. Cinco territorios críticos, una sola estrategia nacional

La estrategia no debe concentrarse exclusivamente en Lima. El mapa criminal peruano es mucho más amplio.

Lima. La capital concentra población, actividad económica, infraestructura, mercados y conexiones internacionales. La lucha en Lima debe incorporar inteligencia metropolitana, análisis de redes de extorsión, control de economías ilícitas y persecución de estructuras financieras.

Trujillo. El norte requiere una intervención integral contra las redes que combinan extorsión, sicariato, economías ilegales y control territorial. No basta con capturar sicarios; hay que identificar quién los financia, quién los organiza, quién los protege y quién lava el dinero.

Chiclayo. Su importancia logística y comercial exige una estrategia que conecte inteligencia criminal, control económico, inteligencia financiera y cooperación interregional.

Piura. Su ubicación estratégica y su conexión con corredores nacionales e internacionales convierten a Piura en un territorio donde la lucha contra el crimen organizado debe superar las fronteras administrativas.

Madre de Dios. Aquí aparece otra dimensión de la amenaza. La minería ilegal no constituye solamente un problema ambiental: puede convertirse en una economía criminal capaz de financiar redes, generar lavado de activos, controlar territorios y alimentar otras actividades ilícitas. Madre de Dios necesita inteligencia territorial, financiera y ambiental. El Estado debe comprender quién extrae, quién financia, quién transporta, quién compra, quién comercializa y dónde termina el dinero.

Estos cinco territorios no deben recibir cinco políticas diferentes. Deben formar parte de una sola estrategia nacional de recuperación territorial.

VII. Propuesta: un Alto Comisionado contra la Delincuencia

La incorporación del Perú al Escudo de las Américas plantea una pregunta inevitable: ¿quién coordinará estratégicamente toda esta capacidad dentro del Estado peruano?

Mi propuesta es crear un Alto Comisionado contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, con autoridad política y capacidad efectiva de coordinación interinstitucional. No se trata de crear otra oficina burocrática. Todo lo contrario: se trata de crear un centro de conducción estratégica que evite que cada institución enfrente la criminalidad desde su propio compartimento.

El Alto Comisionado debería articular, de acuerdo con las competencias legales de cada institución:

* Presidencia del Consejo de Ministros;
* Ministerio del Interior;
* Policía Nacional;
* Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, cuando corresponda;
* Ministerio Público;
* Poder Judicial, en el ámbito de sus competencias;
* Unidad de Inteligencia Financiera;
* SUNAT;
* Migraciones;
* INPE;
* autoridades regionales y locales;
* organismos especializados y cooperación internacional.

Su función fundamental sería establecer criterios nacionales comunes, prioridades operativas y mecanismos de coordinación, y servir, en especial, como punto estratégico de articulación con el Escudo de las Américas.

VIII. El Alto Comisionado como centro de fusión de inteligencia

Una de las primeras tareas debería ser construir un Centro Nacional de Fusión de Inteligencia contra el Crimen Organizado. La idea es sencilla: cada institución posee información, pero esa información permanece fragmentada. El Centro debe integrar la información legalmente utilizable y producir inteligencia estratégica.

El modelo podría funcionar en cuatro niveles:

Nivel 1 — Datos. Recopilación y organización de información proveniente de las instituciones participantes.

Nivel 2 — Análisis. Análisis de redes, inteligencia financiera, inteligencia geoespacial y ciberinteligencia.

Nivel 3 — Inteligencia. Construcción de perfiles, mapas de organizaciones, amenazas, nodos críticos y escenarios.

Nivel 4 — Acción. Traslado de inteligencia validada a las instituciones competentes para investigaciones y operaciones dentro del marco legal.

Así podemos pasar de dato a información, de información a inteligencia, de inteligencia a decisión y de decisión a acción. Ese es el verdadero salto cualitativo que necesita el Estado peruano.

IX. El objetivo no es más información: es más capacidad de decisión

Existe un riesgo en la transformación digital del Estado: creer que tener más datos significa automáticamente tener más inteligencia. No es así. Un Estado puede tener millones de registros y continuar siendo ciego. La inteligencia aparece cuando esos registros se convierten en conocimiento útil para tomar decisiones.

Por eso el Alto Comisionado debería trabajar con una lógica de inteligencia orientada a objetivos. Por ejemplo: ¿quién controla la extorsión en determinado territorio? ¿Qué estructura financiera la sostiene? ¿Qué empresas están conectadas? ¿Qué personas sirven como puentes? ¿Qué rutas utiliza? ¿Qué funcionarios podrían estar comprometidos? ¿Qué activos pueden ser objeto de investigación o incautación conforme a la ley? ¿Qué ocurriría con la red si se neutraliza determinado nodo?

Esta última pregunta es fundamental, porque el objetivo no debe ser capturar personas al azar. Debe ser desorganizar sistemas criminales.

X. El Escudo de las Américas debe servir para transferir capacidades

La cooperación internacional no debe reducirse a recibir información de Estados Unidos. Debe producir transferencia de capacidades. El Perú debe negociar cooperación en inteligencia criminal, análisis de datos, ciberinteligencia, análisis financiero, capacitación especializada, investigación transnacional, herramientas tecnológicas, protección de infraestructura crítica y fortalecimiento institucional.

La presencia o asistencia de agencias federales estadounidenses debe entenderse como un acelerador, no como un sustituto. El conocimiento debe quedar en el Perú. La tecnología debe fortalecer nuestras instituciones. Los investigadores peruanos deben aprender nuevas metodologías, nuestros analistas deben trabajar con herramientas modernas, y nuestras instituciones deben desarrollar progresivamente capacidades propias. La cooperación verdaderamente estratégica es aquella que hace más fuerte al socio, no aquella que lo vuelve dependiente.

XI. Soberanía no significa aislamiento

Algunos podrían preguntar si existe un riesgo para nuestra soberanía. La pregunta es legítima, pero soberanía no significa aislamiento. Un Estado soberano es aquel que tiene la capacidad de decidir qué cooperación acepta, bajo qué condiciones, con qué objetivos y dentro de qué marco jurídico. El Perú debe negociar desde la dignidad de una República: cooperar con Estados Unidos no significa renunciar a nuestra soberanía, y de hecho puede significar exactamente lo contrario, utilizar las capacidades internacionales para recuperar la soberanía efectiva sobre nuestro territorio.

La soberanía se debilita cuando un ciudadano tiene que pagarle a un extorsionador para poder trabajar. Se debilita cuando una organización criminal decide quién puede circular por una zona. Se debilita cuando una cárcel se convierte en centro de operaciones. Se debilita cuando la minería ilegal controla territorios. Se debilita cuando el dinero criminal penetra la economía formal.

Por eso debemos preguntarnos qué es más peligroso para la soberanía peruana: recibir cooperación tecnológica bajo control nacional, o permitir que organizaciones criminales sigan construyendo poderes paralelos. La respuesta debería ser evidente.

XII. Del Estado reactivo al Estado anticipatorio

Durante años hemos construido una política de seguridad basada en reaccionar: ocurre un asesinato, llegan policías, aumenta la extorsión, se anuncia un operativo, explota una crisis, se declara una emergencia. Y después de unas semanas, el problema reaparece.

Necesitamos romper ese ciclo. El Estado debe aprender a detectar señales antes de que la violencia alcance su máxima expresión. El análisis de redes puede identificar nuevas conexiones. La inteligencia financiera puede detectar movimientos sospechosos. La inteligencia geoespacial puede revelar cambios territoriales. La ciberinteligencia puede identificar patrones digitales. La inteligencia penitenciaria puede detectar intentos de reorganización. Y la inteligencia artificial puede ayudar a encontrar correlaciones entre todas ellas.

La combinación de estas capacidades puede permitir construir alertas estratégicas tempranas. Ese debe ser el nuevo paradigma: anticipar para prevenir; investigar para desarticular; actuar para recuperar; permanecer para consolidar.

XIII. Recuperar el territorio no significa militarizarlo

Hay otra distinción fundamental. Recuperar territorio no significa convertir nuestras ciudades en zonas permanentemente militarizadas. La seguridad debe estar subordinada al Estado de derecho.

La Policía debe ejercer las funciones que le corresponden. Las Fuerzas Armadas deben intervenir cuando la Constitución y las leyes lo determinen. El Ministerio Público debe investigar. El Poder Judicial debe garantizar justicia. Los gobiernos regionales y locales deben participar en la prevención y recuperación del espacio público. Y el Estado debe llegar con servicios, porque una calle recuperada durante una operación policial puede volver a ser capturada por el crimen si no existe justicia, iluminación, educación, empleo, transporte seguro, infraestructura y presencia institucional.

La seguridad recupera el territorio; el Estado lo consolida.

XIV. Una nueva doctrina de seguridad para el Perú

La crisis actual exige superar la vieja separación entre seguridad ciudadana, seguridad nacional, inteligencia, economía y transformación digital. El crimen organizado no respeta esas fronteras. Entonces el Estado tampoco puede hacerlo.

Necesitamos una doctrina nacional basada en cinco componentes:

1. Inteligencia — conocer la estructura criminal.
2. Tecnología — procesar información y aumentar la capacidad investigativa.
3. Finanzas — seguir y cortar los recursos económicos.
4. Territorio — recuperar espacios controlados por organizaciones criminales.
5. Instituciones — mantener la presencia legítima del Estado.

Sobre esos cinco componentes debe existir una conducción política estratégica. Ahí encuentra sentido la propuesta del Alto Comisionado contra la Delincuencia.

XV. El Perú necesita una Operación de Estado

No otra campaña. No otro anuncio. No otra fotografía de autoridades. No otro paquete de medidas aisladas. Necesitamos una Operación de Estado contra el crimen organizado: una estrategia nacional permanente, con objetivos medibles, inteligencia integrada, cooperación internacional, tecnología, presupuesto, responsabilidad política, evaluación permanente y una dirección estratégica capaz de mantener el rumbo más allá de los ciclos mediáticos.

El crimen organizado tiene paciencia. Construye redes durante años, compra voluntades, acumula dinero, estudia al Estado y espera. Nosotros también debemos aprender a pensar estratégicamente.

Conclusión: el Perú no puede seguir luchando contra el crimen con los ojos vendados

La delincuencia nos está ahogando. Hay familias que viven con miedo, comerciantes que trabajan bajo amenaza, transportistas que pagan cupos, empresarios que enfrentan extorsiones, policías que arriesgan sus vidas, fiscales y jueces que enfrentan organizaciones cada vez más sofisticadas, y comunidades enteras que sienten que el Estado ha retrocedido. No podemos normalizarlo. Pero tampoco podemos responder con desesperación: necesitamos inteligencia.

La incorporación del Perú al Escudo de las Américas puede convertirse en una oportunidad histórica si somos capaces de utilizarla con inteligencia nacional, dignidad y sentido estratégico. Necesitamos aprovechar la cooperación internacional e incorporar tecnología. Necesitamos fortalecer a nuestra Policía y a nuestras instituciones de justicia, y desarrollar una ciberinteligencia propia. Necesitamos utilizar el análisis de redes complejas y seguir el dinero, como enseñó Falcone. Necesitamos recuperar las cárceles, recuperar las ciudades y recuperar Madre de Dios de las economías criminales. Necesitamos recuperar Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura.

Pero, sobre todo, necesitamos recuperar la capacidad del Estado para ver, comprender, anticipar y actuar. Por eso proponemos un Alto Comisionado contra la Delincuencia, capaz de articular los distintos estamentos del Estado y convertirse en el centro político de una estrategia nacional permanente contra el crimen organizado. No para sustituir a la Policía. No para sustituir al Ministerio Público. No para sustituir al Poder Judicial. Sino para hacer algo que hoy resulta indispensable: coordinar al Estado como un solo sistema frente a un enemigo que ya opera como un sistema.

El Estado necesita dejar de perseguir únicamente las sombras. Debe comenzar a identificar las redes que producen esas sombras, porque el sicario es solamente el último eslabón. El verdadero enemigo es la estructura que lo financia, lo organiza, lo equipa, lo protege y lo reemplaza. Y esa estructura puede ser desmantelada: con inteligencia, con tecnología, con cooperación, con justicia, con autoridad y con una decisión política que no admita retrocesos.

El Perú no necesita resignarse al miedo. El Perú necesita recuperar el control de su territorio. Y para hacerlo, debemos construir el Estado que el siglo XXI exige: un Estado que vea antes de que ocurra, que conozca antes de actuar y que actúe con toda la fuerza de la ley cuando sea necesario.

La patria no se defiende solamente con discursos. Se defiende construyendo la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Ese es el verdadero sentido de la soberanía. Ese es el desafío de nuestra generación.