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El riesgo oculto en la compra de aviones caza para el Perú

La modernización de la Fuerza Aérea del Perú no es una opción: es una necesidad estratégica impostergable. Sin embargo, en el actual debate sobre la adquisición de aeronaves de combate, el problema no radica en el “qué”, sino en el “cómo” y, sobre todo, en el “bajo qué condiciones”.

Todo indica que el Estado peruano estaría evaluando la compra de aviones F-16, desarrollados por Lockheed Martin, bajo un esquema que no ha sido plenamente transparentado y que, de acuerdo con evidencia internacional, implica limitaciones estructurales en términos de soberanía operativa, transferencia tecnológica y autonomía estratégica.

En el plano jurídico, estas restricciones no son especulativas. Las exportaciones de armamento estadounidense están reguladas por marcos normativos como la Arms Export Control Act y el régimen ITAR (International Traffic in Arms Regulations), los cuales establecen que el país proveedor mantiene control sobre la transferencia, modificación e incluso ciertos usos del material militar. En términos prácticos, esto significa que la adquisición de sistemas como el F-16 no implica un dominio absoluto sobre su empleo, sino una relación de dependencia prolongada en aspectos críticos como mantenimiento, actualización tecnológica y disponibilidad de armamento.

La evidencia empírica reciente refuerza esta realidad. Durante el conflicto en Europa del Este, la transferencia de F-16 a Ucrania por parte de países aliados requirió autorización expresa del gobierno de Estados Unidos. Este hecho demuestra que el control del proveedor no se limita a la venta inicial, sino que se extiende a lo largo del ciclo de vida del sistema, condicionando decisiones soberanas en contextos de conflicto real.

Desde una perspectiva teórica, esta situación resulta problemática. Como sostenía Max Weber, el Estado moderno se define por el monopolio legítimo de la fuerza. Sin embargo, ese monopolio pierde consistencia cuando los medios para ejercerlo dependen de la voluntad de otro Estado. En la misma línea, Charles Tilly explicó que la capacidad estatal está directamente vinculada al control autónomo de los recursos de coerción. Un país que no controla plenamente sus sistemas de defensa limita, en consecuencia, su propia soberanía.

Frente a este escenario, resulta imprescindible evaluar alternativas con mayor margen de autonomía. Plataformas como el Saab JAS 39 Gripen ofrecen esquemas de transferencia tecnológica significativa, como lo demuestra el caso de Brasil, donde se han desarrollado capacidades industriales locales. Por su parte, el Dassault Rafale se caracteriza por una menor restricción política en su uso, lo que otorga mayor independencia operativa a los países que lo adquieren.

Asimismo, sistemas como el Sukhoi Su-35 o el Chengdu J-20 representan alternativas que, más allá de sus implicancias geopolíticas, evidencian que el mercado internacional no es unidimensional y que existen opciones que pueden ser evaluadas desde una lógica de soberanía estratégica.

El punto central, por tanto, no es ideológico ni geopolítico en abstracto. Es institucional. Un Estado serio no compra sin comparar, no decide sin evaluar y, sobre todo, no compromete su defensa sin garantizar autonomía en su empleo.

En este contexto, resulta especialmente preocupante la posibilidad de que esta adquisición sea declarada como “secreto de Estado”. Desde la teoría política clásica, esta decisión carece de sustento. Para John Locke, la legitimidad del poder radica en su orientación al interés público, mientras que Jean-Jacques Rousseau estableció que la soberanía reside en el pueblo, no en las élites gobernantes.

La compra de aeronaves de combate no constituye una operación táctica inmediata cuya divulgación comprometa la seguridad nacional. Se trata, por el contrario, de una decisión estratégica de largo plazo, que involucra recursos públicos significativos y define la arquitectura de defensa del país durante décadas. En consecuencia, su discusión debe ser pública, informada y sujeta a mecanismos de control democrático.

La experiencia comparada en democracias consolidadas así lo demuestra: las adquisiciones militares son sometidas a revisión parlamentaria, evaluación técnica y debate político. La transparencia no debilita la defensa; la fortalece, al dotarla de legitimidad y coherencia estratégica.

El Perú enfrenta hoy una decisión que trasciende la compra de aeronaves. Está en juego la definición de su modelo de defensa: uno basado en la dependencia tecnológica y política, o uno orientado a la autonomía, la diversificación y la soberanía.

Como advertía Nicolás Maquiavelo, los Estados que dependen de fuerzas ajenas para su seguridad terminan perdiendo su libertad. Y en un mundo cada vez más inestable, esa no es una lección que el Perú pueda permitirse ignorar.

La defensa nacional no puede construirse en silencio ni en la sombra. Debe edificarse con transparencia, con inteligencia estratégica y, sobre todo, con un principio irrenunciable: la soberanía no se negocia, se ejerce.

Dios bendiga a los peruanos 🇵🇪

Mag. Harry Peralta