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#Actas900 #ONPE 

En medio del clima de polarización política en estas Elecciones Generales 2026, volvió a instalarse en el debate público la narrativa de "fraude" sin pruebas concluyentes. Ahora son las actas con serie 900 las cuestionada. Veamos. 

Rafael López Aliaga, afirmó que dichas actas “fueron creadas para cometer fraude electoral”.

Sin embargo, una revisión técnica y documental realizada por PerúCheck y sustentada con registros históricos de la ONPE demuestra que esta afirmación carece de sustento factual.

¿Qué son realmente las actas serie 900?

Las actas con numeración que comienza en la serie 900 no son nuevas ni exclusivas del actual proceso electoral. Existen desde hace más de dos décadas y forman parte de un mecanismo implementado por la ONPE desde el año 2005 para facilitar el voto en comunidades rurales y alejadas del país.

Estas mesas electorales se instalan en centros poblados donde los ciudadanos tendrían enormes dificultades para trasladarse hasta las capitales distritales. En muchos casos, hablamos de poblaciones ubicadas en zonas altoandinas o amazónicas donde viajar puede tomar varias horas o incluso días.

Es decir, las actas 900 no representan una “anomalía”, sino una política pública de inclusión electoral.

Uno de los elementos más contundentes es que estas actas aparecen registradas en procesos electorales anteriores:

- Elecciones Generales 2011.

- Elecciones Generales 2016.

- Elecciones Generales 2021.

- Elecciones Generales 2026.

Incluso, números específicos de actas como la 900538 aparecen repetidos históricamente en diferentes regiones rurales del país, demostrando continuidad administrativa y no una creación reciente.

Esto es importante porque, desde la ciencia política y la administración pública, una característica central del fraude estructural es precisamente la alteración abrupta o clandestina de mecanismos institucionales. Aquí ocurre lo contrario: existe trazabilidad histórica, documentación pública y consistencia operativa.

#ElPerúRural: la otra dimensión del debate

El problema de fondo revela algo más profundo: gran parte del debate electoral peruano sigue siendo profundamente centralista.

Muchas veces, sectores urbanos desconocen cómo funciona el Estado en las zonas rurales del país. En regiones andinas y amazónicas existen comunidades donde: No hay transporte permanente, el acceso es por trocha, la conectividad digital es nula o limitada,

y la distancia hacia un local de votación puede representar un costo económico imposible para familias pobres.

Por ello, la ONPE implementó estas mesas especiales para garantizar el #derechoconstitucional al sufragio.

Desde la teoría democrática de John Rawls, la legitimidad de una democracia no depende solo de permitir votar formalmente, sino de crear condiciones materiales para que todos puedan ejercer realmente ese derecho.

Del mismo modo, Amartya Sen sostiene que la democracia requiere ampliar capacidades reales de participación ciudadana, especialmente en sectores históricamente excluidos.

En otras palabras: acercar las urnas a comunidades rurales no debilita la democracia; la fortalece.

El riesgo político de instalar narrativas sin pruebas

La difusión de acusaciones sin evidencia sólida puede generar consecuencias graves:

- Erosiona la confianza en las instituciones,

- Incrementa la polarización,

- Debilita la legitimidad electoral, y puede alimentar escenarios de conflictividad social.

El sociólogo Max Weber advertía que la legitimidad institucional es uno de los pilares esenciales de la estabilidad política moderna. Cuando actores políticos cuestionan procesos electorales sin pruebas verificables, se debilita el contrato democrático que sostiene al Estado.

Esto no significa que las elecciones no deban ser fiscalizadas. Todo sistema democrático necesita vigilancia ciudadana, auditorías y transparencia. Pero una fiscalización seria debe basarse en evidencia técnica, no en afirmaciones virales o interpretaciones descontextualizadas.

El caso de las actas 900 demuestra cómo la desinformación puede expandirse rápidamente en contextos electorales tensos. También evidencia la necesidad de fortalecer la educación cívica y electoral en el país.

El Perú no necesita menos democracia. Necesita instituciones más fuertes, ciudadanos mejor informados y debates políticos sustentados en hechos verificables.