La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró inaplicable la inhabilitación por diez años impuesta por el Congreso de la República contra la fiscal suprema Delia Espinoza, actual decana del Colegio de Abogados de Lima, y ordenó su reincorporación al Ministerio Público.

La resolución judicial establece que las medidas aprobadas mediante las Resoluciones Legislativas N.° 007-2025-2026-CR y N.° 008-2025-2026-CR vulneraron derechos fundamentales de la magistrada, particularmente aquellos relacionados con el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley.

Según el fallo, el Congreso no habría sustentado adecuadamente las imputaciones formuladas contra Espinoza, vinculadas a presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Los magistrados consideraron que las decisiones adoptadas por el Parlamento carecieron de una motivación suficiente y evidenciaron un trato diferenciado respecto de otros fiscales que se encontraban en una situación similar.

La Sala Constitucional señaló que la sanción aplicada a Espinoza configuró una afectación a sus derechos fundamentales debido a la ausencia de criterios objetivos que justificaran una actuación distinta frente a otros integrantes del Ministerio Público de igual jerarquía.

Asimismo, el Poder Judicial ordenó restablecer la situación jurídica previa a la sanción parlamentaria y dispuso la reincorporación de la magistrada como Fiscal Suprema Titular, siempre que no exista otra resolución administrativa o judicial que determine lo contrario.

No obstante, la resolución precisa que la decisión judicial no supone una interferencia en las atribuciones constitucionales del Congreso para ejercer control político ni limita la facultad parlamentaria de investigar o sancionar a funcionarios públicos. El fallo únicamente exige que cualquier actuación futura respete plenamente las garantías constitucionales y los derechos fundamentales involucrados.

Debate sobre la separación de poderes

La decisión judicial reabre el debate nacional sobre los límites del control político ejercido por el Congreso y el alcance de la tutela constitucional de los derechos fundamentales de los altos funcionarios del Estado.

Especialistas en derecho constitucional sostienen que el equilibrio entre la fiscalización parlamentaria y las garantías del debido proceso constituye uno de los pilares esenciales de un Estado democrático de derecho. En ese sentido, la resolución de la Corte Superior de Lima podría convertirse en un precedente relevante para futuros procesos de acusación constitucional e inhabilitación política.

Una decisión con impacto institucional

Más allá del caso particular de Delia Espinoza, el fallo vuelve a colocar en el centro de la discusión pública la necesidad de fortalecer la independencia de poderes, la seguridad jurídica y el respeto irrestricto a las reglas democráticas.

En una República sólida, el control político debe coexistir con el respeto al debido proceso, evitando que las diferencias institucionales deriven en decisiones que puedan ser percibidas como arbitrarias o discriminatorias. La fortaleza de las instituciones no radica únicamente en su capacidad de sancionar, sino también en su obligación de garantizar justicia, imparcialidad y respeto a los derechos fundamentales.

Redacción Política

Los Patriotas

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