La educación no es únicamente un servicio. Tampoco es solamente una política pública más dentro del aparato estatal. La educación, en términos históricos, geopolíticos y republicanos, es el principal sector estratégico de una nación que desea sobrevivir, desarrollarse y proyectar poder en el tiempo. Quien domina la educación, domina el futuro cultural, científico, económico y moral de un país.

Las recientes protestas estudiantiles en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a raíz del incremento de pensiones y costos académicos, vuelven a colocar sobre la mesa un debate profundo: ¿qué significa realmente la educación para una República? ¿Es un negocio? ¿Es un privilegio? ¿Es una inversión individual? ¿O es, en realidad, el corazón estratégico de la nación?

Desde una visión patriótica y republicana —como la que plantean Los Patriotas— la educación debe ser entendida como infraestructura nacional de poder. Así como un Estado protege sus fronteras, su energía, sus puertos, sus recursos minerales o sus Fuerzas Armadas, también debe proteger y fortalecer su sistema educativo. Porque ningún país se desarrolla únicamente con materias primas; las grandes potencias se construyen formando cerebros, científicos, técnicos, ingenieros, maestros, estrategas, líderes políticos y ciudadanos conscientes.

La historia universal lo demuestra.

Japón, tras la Restauración Meiji, entendió que para evitar ser colonizado debía educar masivamente a su población. Décadas después se convirtió en potencia industrial.

Corea del Sur, devastada por la guerra en los años cincuenta, apostó obsesivamente por la educación científica y tecnológica. Hoy es referente mundial en innovación.

Singapur, sin grandes recursos naturales, construyó una élite tecnocrática mediante educación rigurosa y meritocracia.

Incluso China comprendió que su ascenso global no podía sostenerse solo en manufactura barata; por eso convirtió universidades, investigación, inteligencia artificial y formación técnica en pilares de Estado.

Ninguna gran nación apareció por casualidad. Todas tuvieron una revolución educativa.

Aquí aparece una idea central que muchas veces se pierde en el debate público: la educación no solo produce profesionales; produce identidad nacional, cohesión social y estabilidad republicana.

Max Weber sostenía que el Estado moderno necesita legitimidad racional y burocracias competentes. Sin educación, esa estructura colapsa.
John Rawls planteaba que una sociedad justa requiere igualdad real de oportunidades.
Amartya Sen explicó que el verdadero desarrollo consiste en ampliar capacidades humanas.
Charles Tilly demostró que los Estados fuertes construyen ciudadanía organizada y capacidad institucional.
Y Nicolás Maquiavelo ya advertía que una República solo perdura cuando forma ciudadanos comprometidos con ella.

En consecuencia, abandonar la educación al mercado puro o convertirla exclusivamente en mercancía puede terminar debilitando la cohesión nacional. Porque cuando estudiar se vuelve inaccesible para miles de jóvenes talentosos, el país pierde capital humano, legitimidad social y esperanza colectiva.

Eso no significa negar el rol de las universidades privadas. Sería un error simplista. Las universidades privadas cumplen una función importante en innovación, investigación, competencia académica y ampliación de cobertura. El problema aparece cuando el sistema educativo deja de equilibrar sostenibilidad económica con misión nacional.

Una universidad no puede perder de vista que forma personas que luego sostendrán el país: médicos, ingenieros, maestros, abogados, investigadores, emprendedores, militares, diplomáticos y gobernantes. Cuando la lógica financiera desplaza totalmente a la lógica republicana, aparecen tensiones sociales inevitables.

La educación tiene además una dimensión estratégica aún más profunda: la soberanía.

Un país que no investiga depende tecnológicamente de otros.
Un país que no forma científicos compra conocimiento extranjero.
Un país que no desarrolla pensamiento crítico termina consumiendo ideologías ajenas.
Un país que no educa a sus ciudadanos se vuelve manipulable políticamente.

Por eso las potencias invierten miles de millones en universidades, ciencia, innovación y formación docente. No lo hacen por altruismo. Lo hacen porque entienden que la educación es seguridad nacional.

En el caso peruano, el desafío es enorme. El Perú necesita dejar de ver la educación como gasto y empezar a verla como inversión estratégica de supervivencia republicana. Necesitamos una revolución educativa que articule:

• Identidad nacional y valores republicanos.
• Ciencia y tecnología.
• Formación técnica moderna.
• Investigación e innovación.
• Educación cívica y ética pública.
• Pensamiento crítico.
• Desarrollo regional descentralizado.
• Meritocracia real.
• Vinculación entre universidad, empresa y Estado.

Pero también necesitamos recuperar una idea olvidada: educar no es solamente capacitar trabajadores; es formar ciudadanos para construir nación.

Allí radica la diferencia entre un país que simplemente administra pobreza y uno que construye grandeza histórica.

Porque las grandes repúblicas no nacen únicamente de sus ejércitos o de sus economías. Nacen de aulas donde una generación aprende a creer que su patria merece un destino superior.

Y quizás allí está el fondo de lo ocurrido en la Pontificia Universidad Católica del Perú: miles de jóvenes recordándole al país que la educación no puede discutirse solo en balances financieros, sino también en términos de futuro nacional, justicia intergeneracional y proyecto de República.

El Perú del futuro no se decidirá únicamente en Palacio de Gobierno o en el Congreso. Se decidirá, sobre todo, en las escuelas, institutos, universidades y bibliotecas donde se forme la próxima generación que conducirá la nación.

Porque una República que abandona su educación termina hipotecando su soberanía. Y una nación que apuesta estratégicamente por ella puede cambiar el curso de su historia.

Harry Peralta

Mg. Gobierno y Políticas Públicas PUCP